El consejero de Medio Ambiente, Agricultura y Pesca, Vicenç Vidal, ha contestado las dos resoluciones del secretario de estado de Medio Ambiente, Pablo Saavedra, de 26 de octubre, en las que se requiere a la Comunidad Autónoma que abone 26.113.865 euros por la desaladora de Santa Eulalia del Río y 20.225.262 euros para la de Ciutadella de Menorca, y reclama la convocatoria de la Comisión de Seguimiento del Convenio firmado entre ambas administraciones en 2005. 
 

 
Una afirmación que niega la Consejería, que defiende que el incumplimiento de las obligaciones del Ministerio con las empresas concesionarias es independiente de la actuación del Gobierno, que en cualquier caso ha sido correcta ya que las instalaciones no estaban recepcionadas y por tanto no había ninguna obligación de la Comunidad Autónoma para con estas compañías, las cuales, de hecho, han reclamado al Ministerio y no a la Comunidad Autónoma. 
 

 

Las obras de las desaladoras acabaron la pasada legislatura, en 2011, pero la Comunidad Autónoma no las pudo recepcionar por el incumplimiento estatal del Convenio: las desaladoras no estaban conectadas a la red en alta; por tanto, no era posible que comenzaran a funcionar con normalidad y el sobrecoste de los proyectos implicaba un aumento sustancial de la tarifa. 
 
El Ministerio, de hecho, asegura en los requerimientos que la Comunidad Autónoma impidió la conexión de las infraestructuras en la red, aseveración totalmente falsa, como reflejan las actas de las sesiones del Comité de Seguimiento, y más teniendo en cuenta que estas conexiones las debía llevar a cabo el Estado. Además, el sobrecoste de las modificaciones de los proyectos, que había aprobado el Ministerio, y contrariamente a lo que había justificado en el Comité de Seguimiento, implicaba un aumento sustancial de la tarifa. En este caso, el Convenio prevé que se modifique el período de concesión, lo que sólo puede hacer el Ministerio. 
 
En este punto, en el año 2013 las empresas concesionarias reclamaron el rescate de sus contratos. 
 
El trámite de aprobación del pago del rescate fue el final de 2015, justo antes de las elecciones, después de llegar a un acuerdo político mediante el cual el Gobierno estatal se hacía cargo del rescate y la Comunidad Autónoma conectaba las instalaciones a las redes municipales. Así, la Consejería "daba una solución al problema de falta de agua en Ibiza que los dos gobiernos del PP habían secuestrado durante una legislatura", subrayó Vidal, quien ha recordado que las Islas Baleares ya "cumplen con este acuerdo, en haber iniciado las obras de conexión de la desaladora de Santa Eulalia en Roca Llisa y la tramitación del resto de conexiones necesarias ". 
 
Justo antes de las segundas elecciones, en mayo de 2016, las Islas Baleares recepcionar las dos instalaciones mediante un acta en la que el Estado cede el uso y la explotación de las instalaciones a la Agencia Balear del Agua y la Calidad Ambiental (ABAQUA), manteniendo la titularidad y reservándose el derecho de repetir acciones contra la Administración autonómica como consecuencia del pago del rescate de la concesión. 
 
Por tanto, estos requerimientos del Estado se hacen al margen del Convenio entre el Ministerio y la Consejería, tras el rescate de la concesión a las empresas ganadoras de la licitación y incumpliendo "un compromiso político con las Islas Baleares". Esta reclamación responde a "una voluntad política", aseguró el consejero. 
 
Vicenç Vidal considera que "todo es muy extraño y sospechoso". En primer lugar, "que el Ministerio apruebe y licite la concesión de las instalaciones antes de la firma del Convenio con la Comunidad Autónoma, que no pudo opinar sobre la ubicación de las desaladoras o la tarifa". "Otra herencia del señor Matas", puntualizó el consejero. En segundo lugar, "que los proyectos necesiten unas modificaciones que casi duplican las inversiones iniciales previstas y que en ese momento ni el Ministerio ni el concesionario no resolvieran la concesión, por imposibilidad de mantener la tarifa". En tercer lugar, "que el Ministerio justificara ante el Comité de Seguimiento del Convenio que las modificaciones no implicarían una subida de las tarifas, lo que después sucedió". En cuarto lugar, "que no se modifique el plazo de concesión para equilibrar la tarifa", y en quinto lugar, "que no conste ninguna sesión del Comité de Seguimiento del Convenio desde el año 2011". 
 
A todo esto, añadió el consejero Vidal, se le debe sumar "la utilización política que hace el PP estatal del problema del agua en las Islas Baleares, teniendo en cuenta que todos los movimientos del Ministerio referentes a estas instalado ciones se han hecho antes o después de las elecciones o ante la constitución del nuevo Gobierno del Estado ". 
 
"Es sorprendente, también, el lavado de manos del PP balear, que parece que no intentó manejar este problema durante su legislatura y que no tiene nada que ver con la resolución", subrayó Vidal. 
 
Mientras tanto, la Conselleria de Medio Ambiente, Agricultura y Pesca continúa trabajando para conectar y poner en marcha las desaladoras, y mantiene los plazos previstos para el funcionamiento de las instalaciones para la temporada alta del año que viene.