Los ecosistemas saludables, ricos en biodiversidad, son fundamentales para la existencia humana. Un millón de especies de plantas y animales se enfrentan a la extinción, algunas en sólo décadas, reduciendo significativamente la capacidad de la naturaleza para contribuir al bienestar de las personas, según el último informe de la Plataforma Intergubernamental Científico-Normativa sobre Diversidad Biológica y Servicios de los Ecosistemas (IPBES).

 

Por ello, el Día Mundial del Medio Ambiente de 2020, que se celebra hoy 05 de junio, ha decidido poner el foco en la emergencia por salvaguardar nuestro medio natural.

 

En este contexto, asegurar una adecuada protección del medioambiente es clave para la preservación de la biodiversidad y requiere la realización de controles de la calidad del agua y el aire, del impacto de los vertidos y de las emisiones de gases de efecto invernadero o la evaluación de la gestión medioambiental dentro de las empresas, entre otros. 

 

En nuestro país, más de 400 entidades acreditadas por ENAC, la Entidad Nacional de Acreditación, han demostrado contar con la capacidad técnica necesaria para la realización de más de 500 actividades de evaluación y control medioambiental, aportando una mayor eficiencia a la protección del medioambiente y la preservación de la biodiversidad.

 

Entre las actividades acreditadas, los laboratorios de ensayo y las entidades de inspección realizan una importante labor para el control y evaluación de diferentes ámbitos que tienen impacto sobre el medioambiente, tales como ensayos y actividades de control de vertidos, de aguas continentales, subterráneas y marinas, la cuantificación de contaminantes en suelos, sedimentos, lodos y residuos, el control de los niveles de radiactividad ambiental, o la evaluación y seguimiento de la calidad del aire, a través de la medida de contaminantes, tales como óxidos de nitrógeno, partículas en suspensión, óxidos de azufre o dióxido de carbono, presentes en el aire o que son emitidos a la atmósfera.

 

Los servicios acreditados también aportan garantías en el control y vigilancia del impacto resultante de las actividades de las empresas. Ejemplos de estos servicios serían la certificación de sistemas de gestión medioambiental conforme a la norma ISO 14001, la verificación del Reglamento europeo EMAS o de sistemas de gestión de la energía, así como la verificación de gases de efecto invernadero y de informes de emisión garantizan la fiabilidad de las cuantificaciones de las emisiones por parte de las empresas.

 

Entre las actividades de verificación de emisiones que realizan los servicios acreditados podemos destacar el Plan de Compensación y Reducción de Carbono para la Aviación Internacional (CORSIA) de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), que exige la medición, revisión y verificación de las emisiones de CO₂ de los operadores aéreos que efectúen vuelos internacionales.

 

 

La protección y control ambiental es una cuestión de gran importancia para las diferentes administraciones tanto a nivel local, como regional, nacional y europeo, por lo que contar con un servicio de demostrada competencia técnica se convierte cada vez más en una exigencia para diferentes órganos administrativos que están incluyendo en sus disposiciones el requisito de la acreditación para alcanzar los objetivos de sus políticas públicas.

 

Así, desde administraciones locales hasta europeas confían en la acreditación para actividades críticas en la protección del medioambiente como control de la calidad del agua y el aire, de las emisiones y los vertidos, del impacto ambiental de muchas actividades e instalaciones, entre otros. Entre otros ejemplos, diferentes administraciones públicas han depositado su confianza los servicios acreditados para la comprobación del cumplimiento de requisitos marcados en el Reglamento EMAS, Esquema Europeo de Gestión y Auditoría Medioambiental, o de las distintas autorizaciones ambientales en instalaciones industriales, empresas y centros de actividad. Otro ejemplo en este sentido es el Real Decreto 235/2018, que establece que el informe de verificación de la sostenibilidad del biocarburante o biolíquido exigido a los agentes económicos que se acogen al Sistema Nacional de Verificación de la Sostenibilidad, debe ser emitido por una entidad de verificación de la sostenibilidad acreditada por ENAC.