De hecho, el Plan Hidrológico aprobado por el Consejo de Ministros incumple las políticas ambientales europeas en una serie de puntos que la Comisión Europea plasmó en el informe Draft Points, con prescripciones de carácter general para todas las cuencas y de carácter particular para la cuenca intracomunitaria de las Islas Baleares. Las observaciones de la Comisión Europea relativas a la Comunidad Autónoma hacían referencia a la falta de protección del recurso para que no se había actualizado el estudio de presiones previsto en la Directiva marco del agua, no se hacía el seguimiento de las masas de agua superficiales que no se habían caracterizado ni evaluado, no había medidas de reducción de nitratos en las masas subterráneas, carecían las medidas de protección de las masas de agua subterránea sobreexplotadas, no se había hecho la evaluación de los costes del ciclo integral del agua y faltaban medidas de recuperación de estos costes. 
 
Por ello, en la revisión del Plan Hidrológico de las Islas Baleares se incorporan los datos del análisis de la recuperación de los costes de los servicios del agua, y se analizan e incorporan las presiones a todos los tipos de masa, que van desde las embarcaciones para las aguas costeras hasta la sobreexplotación y la contaminación por nitratos en las subterráneas, pasando por los vertidos de las depuradoras en torrentes, entre otros. 
 

 

También se ha revisado el estado de las masas de agua subterráneas, se han actualizado los datos de consumos y demanda, se han reanudado las tareas de monitorización de las aguas superficiales y se han establecido medidas de gestión de la demanda y normativas para la protección de las masas de agua subterránea por sobreexplotación, para evitar la intrusión marina y por contaminación de nitratos. 
 
Asimismo, la revisión del Plan recoge la prohibición de autorizaciones y concesiones a masas sobreexplotadas, que son las que tienen más salidas que entradas, para todos los usos. Excepcionalmente se podrán otorgar concesiones de hasta 10.000 m³ anuales para explotaciones agrarias preferentes, siempre que la masa muestre una tendencia a la mejora del estado cuantitativo. También se establece la obligación de utilizar agua desalada para uso urbano en los núcleos donde no se cumplen los requisitos mínimos sanitarios con acceso a la red, se toman medidas para evitar la intrusión marina y la salinización de los acuíferos, se recoge el Plan de gestión de Uso Sostenible del Agua, que prevé el Plan de Sequía, y se toman medidas de protección por contaminación de nitratos. 
 
Además, la revisión del Plan recoge la actualización de la cartografía de las zonas húmedas naturales e identifica las potenciales, entre otras mejoras. 
 
También se establecen medidas de gestión de la demanda, como la reserva de recursos para la Administración con fines ambientales, haciendo, por ejemplo, que los excedentes actuales de la masa de ses Fonts Ufanes se reserven para que lleguen a s'Albufera directamente o indirectamente, y aumentando los requisitos para la obtención de derechos, con la obligación de presentar la cédula de habitabilidad para obtener la concesión de suministro de uso doméstico en suelo rústico.
 
Precisamente esta es una medida que se eliminó en 2012 y que llevó a que se duplicassin las solicitudes de pozos en suelo rústico para uso doméstico en un solo año. Esto, unido al aumento de casi el 30% de solicitudes de concesiones en la isla de Ibiza cuando se tramitaba el Decreto de sequía extraordinaria, hacen que el Consejo de Gobierno también haya aprobado una serie de medidas provisionales, entre las que la suspensión del otorgamiento de nuevos aprovechamientos hídricos para todas las masas de agua subterránea de las Islas Baleares en mal estado cuantitativo o sobreexplotadas, mientras se tramita la revisión anticipada del Plan Hidrológico de las Islas Baleares. Quedan excluidos de esta medida, los aprovechamientos para abastecimiento a la población siempre que no haya fuentes alternativas de abastecimiento, la geotermia, la reordenación de los caudales, sin aumento de volumen, el mantenimiento y el saneamiento de pozos, el abastecimiento a depósitos contra incendios y los aprovechamientos para explotaciones agrarias preferentes hasta un volumen de 10.000 m³/ año. 
 
También se prohíbe la concesión de autorizaciones o concesiones de aguas subterráneas para instalaciones deportivas con superficie de riego de tres hectáreas o más. Estas infraestructuras sólo podrán satisfacer la demanda de agua con aguas residuales regeneradas o desaladas, priorizando el uso de depuradas, y teniendo en cuenta que se trata de una iniciativa que recoge, también, la revisión anticipada del Plan. 
 
Durante los seis meses de tramitación del Plan se prevé mantener reuniones de participación y sectoriales, con representantes y profesionales relacionados con el abastecimiento a poblaciones, el sector agrícola y los profesionales relacionados con la ejecución de sondeos, y también con otras administraciones, sin olvidar el compromiso de reforzar el papel de las instituciones de participación de la Administración hidráulica: las juntas insulares y el Consejo Balear del Agua.