• Intervención de AEOPAS el pasado 28 de noviembre en el Parlamento de Andalucía en relación con la tramitación del Proyecto de Ley del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2023

El pasado mes de junio el Presidente de la Junta de Andalucía anunció que esta debe ser la legislatura del agua y que la Junta de Andalucía tiene la intención es movilizar 4.000 M€ en obras que van a ser una mejora para siempre. Sin duda desde AEOPAS aplaudimos el anuncio porque desgraciadamente sabemos que existe una “invisibilización” de las diferentes problemáticas que existen con el agua: “Solo se habla cuando hay un fenómeno de sequía. Entonces sí pasa a las agendas económicas, políticas y públicas” y por desgracia ya estamos mirando al cielo y ya es importante el agua.

 

 

 

Nos encontramos ante una crisis global en cuanto a la disponibilidad de agua. Una crisis que, en Andalucía, de no actuar y de no prever, parece llevar a una africanización de nuestro territorio, y no estamos preparados para atajar la desertificación de una parte cada vez más importante de nuestro territorio. Siempre hemos convivido con las sequías propias de nuestro clima mediterráneo, nos recuerdan los medios estos últimos días… al mismo tiempo que nos dicen que estamos batiendo récords. Centrémonos en la opinión experta e independiente del IPCC: tal como vaticinaron, los eventos extremos se están acentuando y los periodos de calor prolongado sin lluvia se multiplican. Es más, nos dicen que en el futuro serán más habituales, que las lluvias serán cada vez más torrenciales y menos útiles para nuestros cultivos, para rellenar nuestros embalses o para la recuperación de niveles en acuíferos. Las series temporales en todo el planeta apuntan que el cambio no es para 2050, como preveían en sus anteriores informes, sino que ha empezado y que está acelerando. Afirman que nuestras sequías serán cada vez peores y más prolongadas e insisten en que adaptarnos es indispensable para no tener que enfrentarnos a efectos dominós del todo desconocidos.

 

Es evidente que ha llegado el momento de actuar, pero debemos ser cautos con las soluciones propuestas. Tradicionalmente en España, como en muchos otros lugares, los problemas de falta de agua se han tratado de solucionar sólo desde el lado de la oferta, buscando más agua. Sin embargo, para que las necesidades puedan seguir siendo cubiertas en el futuro, nuestro foco también debiera estar en mejorar la resiliencia reduciendo nuestra exposición al cambio climático, ajustando nuestros usos de agua a los recursos disponibles y para ello es necesario un cambio estructural de la economía y poner nuestro foco en la gestión de la demanda tal como indica el Pacto Andaluz por el Agua aprobado en esta cámara en el 2020 con los votos favorables de los grupos parlamentarios Popular Andaluz, Ciudadanos y Vox, y la abstención de Adelante Andalucía y que según la Consejera, Carmen Crespo, marcaría «un punto de inflexión en la política hidráulica de la comunidad».

 

Entre otras cosas, porque nuestros acuíferos (que es el recurso estratégico durante las sequias) están en gran medida agotados o tremendamente deteriorados por la contaminación, especialmente en el medio rural donde, además, a menudo no hay alternativas de fuentes de agua. En muchos lugares, el uso del agua subterránea no es sostenible y la naturaleza es incapaz de regenerar nuestros acuíferos al ritmo que extraemos agua. También debemos ser conscientes de que un problema de esta magnitud no se va a resolver sólo con nuevos recursos. Debemos ser capaces de hacer una gestión integrada de estos recursos que permita recuperar los acuíferos y sostener las actividades socio-económicas a largo plazo.

 

Mientras tanto, nuestras redes de distribución de agua son manifiestamente mejorables y pierden un importante porcentaje del agua que transportan. Nuestra industria y nuestros hogares no están optimizados para hacer un uso eficiente del agua y necesitan una evolución similar a la que se ha dado con la energía, con el etiquetado de eficiencia energética de electrodomésticos, edificios y procesos. El uso del agua subterránea todavía cuenta con un escaso control y son miles los pozos que usan agua de nuestros acuíferos sin autorización o supervisión de las confederaciones hidrográficas. Problemas, entre otros, que los expertos llevan tiempo destacando, y ante los cuales cada vez nos queda menos tiempo, dada nuestra incapacidad para orquestar un cambio real en el modelo de gestión del agua. No podemos seguir dando respuestas a impulsos cuando tenemos una crisis. Hay que planificar a todos los niveles y no puede ser solo de oferta.

 

Nos escandalizamos de que nuestras tuberías tengan fugas, pero al mismo tiempo rehuimos de cualquier incremento de precio que permita repararlas. Por ejemplo, durante este pasado verano Galicia se secaba, pero los concellos perdían un 44 % del agua en fugas que llegan a superar el 60 % en concellos con menos de 2.000 habitantes, según las auditorías realizadas por la Xunta en 53 municipios.

 

La amenaza es la desertificación, pero los cortes vividos este verano sacaron a la luz la ausencia de medidas siquiera para enfrentarse a un episodio puntual de escasez de agua.

 

En Baleares, donde en algunas zonas la pluviometría muy reducida alcanza valores desérticos, hay municipios con porcentajes de agua no contabilizada, superiores al 60%, lo que sin duda implica pérdidas en las redes muy elevadas. Este último verano, en que se han vivido múltiples olas de calor consecutivas, el aumento de demanda ha sido tal que algunos municipios han tenido que restringir el servicio de agua potable por falta de infraestructuras de extracción y regulación, así como por falta de previsión en cuanto a un posible aumento de demanda. En Ibiza se reclama la ampliación de las plantas de desalinización en lugar de disminuir las pérdidas de las redes que en algún municipio están en torno al 40%.

 

En Andalucía, sabemos que algunos municipios malagueños pierden más de 50 por 100 del agua de su red de suministro, por pérdidas en las conducciones. Esta es una de las conclusiones de un estudio de Diputación Provincial de Málaga, que cifra en ocho hectómetros cúbicos el agua que se pierde en 51 localidades. Recordar que lo perdemos no sólo agua sino energía y compuestos químicas para potabilizarla.

 

Este tipo de situaciones aconseja crear urgentemente planes provinciales de los servicios de agua y saneamiento municipales y un plan de Choque de reducción de pérdidas.

 

 

Durante el año 2021 el MITECO dedico? 200 millones de euros al ciclo urbano del agua, repartidos entre las comunidades auto?nomas en la Conferencia sectorial. De estos, 100 millones fueron destinados a un Plan para la “Mejora del abastecimiento y reducción de pérdidas en redes de pequeños y medianos municipios”. Siguiendo esta política la Junta de Andalucía destinó en el 2022 unos 12,6 millones. Cada ayuntamiento pudo presentar una única solicitud de ayudas que, como máximo, podría ascender a 500.000 euros. En cuanto a la cuantía mínima por intervención, se estableció una cantidad de 40.000 euros.

 

Desde Aeopas solicita apostar decididamente por esta línea de trabajo porque cuando se “pierde el agua urbana” no solo se pierde H?O, también productos químicos necesarios para su potabilización y energía. Por ello es, necesario un plan de choque de reducción de fugas con una dotación económica superior a los 50 millones y con una subvención del 100 % para que los beneficiarios puedan acogerse directamente a este plan, a cambio de auditarse y de elaborar un plan de gestión de activos para que en el plazo de 5 años reduzcan significativamente sus pérdidas.

 

Los beneficiarios deben ser los ayuntamientos menores de 20.000 habitantes, mancomunidades, consorcios públicos y demás entes locales de ámbito supramunicipal titulares de los servicios de abastecimiento. Asimismo, también se deben incluir a las Diputaciones Provinciales que ejerzan un papel de auxilio a los entes locales. Las solicitudes, como máximo, podrían ascender a 900.000 euros. En cuanto a la cuantía mínima por intervención, se estableció una cantidad de 30.000 euros.

 

 

El agua no cuenta con un regulador independiente (como en nuestro vecino Portugal) que supervise los usos u ordene una prestación adecuada y eficiente del servicio (empezamos a ser un caso singular en Europa). Se trata de un bien de dominio público y escaso, pero no existe ningún estamento que cuente con información fiable y verificada sobre cómo se usa en todos los ámbitos (agrícola, industrial y urbano). Resulta difícil gestionar la creciente escasez cuando se dispone de tan pocos datos fiables. Con mucho trabajo, se sabe más del uso agrario, pero hay muy poco interés por él que es, de lejos, el primer uso del agua en volumen. En este sentido creemos que es urgente contemplar una partida económica de un Millón para poner en marcha el Observatorio del agua que contempla la Ley Andaluza del Agua.

 

 

En un informe que elaboramos a principios de diciembre se evidencia que la situación de disponibilidad de recursos hídricos en las grandes capitales y las ciudades medias andaluzas está cubierta, pero que, sin embargo, hay un rosario de pequeñas ciudades y localidades en la Sierra de Huelva, en la Sierra de Sevilla, en Los Pedroches en el norte de la provincia de Córdoba, que han sido afectadas gravemente con cortes. Por ejemplo:

 

 

Desde el inicio del verano varios pueblos de Andaluci?a comenzaron a sufrir restricciones de agua. Es el caso de los vecinos del Arroyo del Ojanco en Jae?n, durante los meses de junio y agosto sufrieron cortes de agua entre las 12 de la madrugada y las 6 de la man?ana, una situacio?n que afecto? a 2.300 vecinos debido a que el embalse del Guadalmena que los abastece estaba al 22% de su capacidad. Desde mediados del mes de noviembre existen  restricciones para los doce municipios del norte de Jaén que se abastecen del embalse del Rumblar.

 

 

En la Sierra de Huelva se está sufriendo la sequía más grave que se recuerda. El suministro de agua ha afectado en verano a 14 poblaciones, con un censo de unas 12.000 personas que se multiplica durante el verano. En la actualidad hay Ocho localidades de la provincia de Huelva tienen restricciones de agua. Hay municipios como Santa Olalla del Cala que desde mayo de 2021 tiene restricciones de agua, todos los días. La Mancomunidad de Servicios de la Provincia de Huelva, de quien depende la empresa pública de abastecimiento, Giahsa, ha pedido al presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, que haga obras de emergencia con cargo al canon del agua que pagan los usuarios en el recibo para sufragar ese tipo de gastos.

 

 

En Málaga, el embalse de la Viñuela, que es el principal reservorio de agua para consumo humano de muchos de los municipios de la Axarquía, con una importante demanda para su uso en regadíos de la comarca, contiene solo 15 hectómetros cúbicos, el 9,09 % de su capacidad total. Por ello, desde hace semanas a empresa pública Aguas y Saneamiento de la Axarquía (Axaragua) ha pedido a sus ayuntamientos mancomunados planes de ahorro de agua para reducir un 20% el consumo humano. Es importante señalar que las 5.000 hectáreas autorizadas en el Plan Guaro del año 89 en la actualidad, se han duplicado.

 

 

Córdoba es la provincia con los peores porcentajes agua embalsada de toda Andalucía (al 18%). En la provincia cordobesa destaca la preocupante situación de las localidades del norte que ya reciben desde el viernes 15 de julio un 10% menos de agua en sus depósitos municipales para hacer frente a la situación de sequía del embalse del que se abastecen. Estas restricciones de agua se aplican a los municipios dependientes del sistema de Sierra Boyera, pendientes de la ejecución anunciada por las administraciones -Gobierno, Junta y Diputación Provincial- del proyecto de conexión para llevar agua desde el embalse de La Colada al de Sierra Boyera. Recientemente el delegado del Gobierno andaluz en Córdoba, Adolfo Molina, ha defendido la necesidad de dar "una doble garantía" al Norte de la provincia, en cuanto a asegurar el suministro de agua potable a las comarcas de Los Pedroches y el Alto Guadiato.

 

A su juicio, esta doble garantía no debe ser ya solo a través de la prevista conexión entre los embalses de La Colada y Sierra Boyera, que de forma "definitiva" completará la Junta de Andalucía a partir de 2023, sino también mediante la conexión entre los embalses de Sierra Boyera y Puente Nuevo, que entiende Molina que debe ejecutar el Gobierno central, pero con el apoyo financiero que ya le ofrece el Ejecutivo autonómico.

 

 

En la Provincia de Sevilla existen problemas de suministro en El Castillo de las Guardas, Casariche, Aguadulce-Pedrera, El Real de la Jara, Coripe y Guadalcanal. La Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía ha declarado, en plena ola de calor, que el agua de los grifos no es apta para el consumo humano en el municipio sevillano de Guadalcanal, tras confirmarse niveles superiores a los límites normativos permitidos en los parámetros de turbidez y color. El agua de este municipio sevillano estuvo siendo no apta para el consumo desde que el 20 de julio la Junta de Andalucía le diese esta calificación tras los análisis realizados hasta el pasado día 5 de septiembre.

 

Para paliar esta grave situación la Diputación Provincial de Sevilla ha impulsado un programa de obras de emergencia frente a la sequía dotado con más de 15 millones de euros. 

 

El caso de Sevilla es paradigmático en ese sentido. Existen obras conveniadas que hubieran hecho innecesario las obras de emergencia programadas y las nuevas que se tendrán que realizar si no llueve este otoño.

 

En diciembre del 2008 la extinta Agencia Andaluza del Agua de la Consejería de Medio Ambiente contó con un stand compartido con el Consorcio de Aguas de Sevilla en la séptima muestra provincial 'Sevilla son sus pueblos', que se celebró en el Palacio de Congresos y Exposiciones (Fibes). En un comunicado, la Consejería de Medio Ambiente indicaba que, durante el desarrollo de la muestra, los visitantes podrían conocer el proyecto provincial de gestión coordinada del agua que el Consorcio de Aguas de Sevilla estaba promoviendo para toda la provincia y que contaba con el respaldo de la Diputación Provincial y la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía. Este respaldo se hizo efectivo con la firma del convenio de colaboración firmado con la Agencia Andaluza del Agua en 2006, cuyo objetivo era la mejora de la gestión integral del agua en la provincia y que incluía obras por valor de más de 581 millones de euros, con el fin de garantizar y mejorar la calidad de los servicios de agua y homogeneizar la prestación de estos servicios para todos los habitantes de la provincia. Hoy, el convenio sigue vigente y sin ejecutarse y está abandonado lo que condena a la provincia sevillana a seguir mirando al cielo para que solución venga en forma de nube.

 

 

El suministro en alta a la Zona Gaditana, con ma?s de un millo?n de habitantes, adolece de una importante precariedad en sus infraestructuras alternativas para situaciones de eventual sequi?a como la que venimos padeciendo y si no se ponen en marcha las actuaciones de emergencia planificadas (como la regulacio?n en la Arteria I con un coste de 19 MM €; La mejora de la regulacio?n en los depo?sitos de la Sierra de San Cristo?bal: 10 mm €; sustitucio?n de la conduccio?n de fibrocemento, San Cristo?bal-Cádiz, tramo barrio jarana: 10 mm €; sustitucio?n de la conduccio?n de fibrocemento, del by pass de los depo?sitos de San Cristo?bal-Ca?diz con un presupuesto de 10 mm) el suministro en alta puede verse seriamente comprometido en los pro?ximos meses. Además, desde el Consorcio de Zona Gaditana se solicita que la Junta de Andalucía tenga un papel activo dentro de la institución y que de marcha atrás en el anuncio de abandonar dicho consorcio (se le adeuda la cuota desde el 2015).

 

Además, todos los sistemas tienen que aspirar a la garantía y descartar los cortes a las poblaciones. Además, en las ciudades mayores a 50.000, aún lejos de estar en crisis, es inviable plantearse cortar el suministro y abastacerse a través camiones cisterna. Avanzar en garantías en los sistemas de abastecimientos significa avanzar en resiliencia mediante interconecxión planificada de los sistemas existentes     

 

 

Por eso es urgente destinar más de 80 millones en obras de emergencia para el impulso de los sistemas supramunicipales de la Provincias de Huelva, Sevilla, Jaén, Córdoba, Málaga y Cádiz que garantizaran el futuro de económico, social y ambiental de estas provincias.  

 

Situaciones como la sequía de Córdoba, evitando hasta ahora el corte suministro, no se podrían gestionar son esta eficacia sin que se hubiera elaborado previamente un plan de gestión de sequía. No obstante, desde AEOPAS sabemos que muchos municipios andaluces (en las cuencas gestionadas por la Junta de Andalucía deben tenerlo los municipios mayores 10.000 habitantes, tal como señala la actual Ley de Aguas de Andalucía) carecen de este valioso instrumento. Por ello, creemos necesario que la Junta haga una campaña informativa junto a AEOPAS para que estos municipios adopten este instrumento de gestión. Dicha campaña seria 30.000 euros e incluiría la realización de una guía y dos planes pilotos en municipios menores de 20.000 habitantes. 

Paralelamente debemos diseñar un Plan de interconexión de sistemas existentes para aumentar la garantía con un presupuesto de unos 100.000 euros.

 

 

La Orden de 6 de agosto de 2018, conjunta de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural y de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, por la que se regula la utilización de lodos tratados de depuradora en el sector agrario, entró definitivamente en vigor en agosto de 2021, tras haber pasado los periodos establecidos de moratoria, con objeto de que pudieran autorizarse y ponerse en servicio las plantas de tratamiento de lodos (compostaje) que distintos gestores, públicos y/o privados estaban promoviendo.

 

Esta Orden establecía en su Disposición Final Tercera que “transcurridos los citados tres años, solo podrán entregar los lodos tratados a un gestor autorizado para efectuar como tratamiento final una operación de valorización R10, aquellas instalaciones de tratamientos de lodos que cuenten con sistemas de tratamiento de entre los descritos en el Anexo II de la presente Orden.”

 

A la fecha actual, muy pocas instalaciones con capacidad de gestión de lodos de EDAR se han puesto en servicio, como así se ha manifestado a la Junta de Andalucía tanto por los productores como por parte de los gestores. 

 

Este hecho, que tiene especial impacto en los lodos producidos en las depuradoras de aguas residuales de las poblaciones de tamaño medio (<50.000 habitantes), ha supuesto un incremento en el coste de gestión de los lodos, toda vez que las plantas de compostaje existentes han incrementado los precios al carecer de capacidad de gestión para la demanda surgida y por otro lado, se ha planteado la aplicación agrícola extracomunitaria en algunos municipios y mancomunidades, con lo que lodos de Andalucía están llegando a las comunidades autónomas vecinas.

 

Ante este escenario cabrían tres posibilidades, una, la promoción por parte de la propia Junta de Andalucía de este tipo de instalaciones, facilitar los trámites a las empresas o entidades interesadas en su ejecución o bien, otorgar a los productores una nueva moratoria para la aplicación de la Orden. En este sentido desde AEOPAS solicitamos un presupuesto de 100.000 para la creación de un Plan Andaluz de Lodos donde se estudien todas las instalaciones y alternativas que se necesiten para que en Andalucía se haga un uso sostenible de los lodos con un coste asumible.

 

 

Desde AEOPAS siempre hemos defendido que el modelo de financiación de la depuración en Andalucía es claro, procede del canon, el cual solo puede destinarse a infraestructuras del ciclo urbano del agua. Es un instrumento eficaz y solidario. El problema ha sido la financiación y la ejecución, motivo por el cual propusimos las fórmulas de colaboración público-público. Los operadores públicos de agua de Andalucía, junto con algunas Diputaciones Provinciales, tienen capacidad de gestión técnica y financiera para llevar a cabo la depuración sin necesidad de recurrir a déficit de las Administraciones. Además, sería una garantía ante cualquier entidad financiera, dado que los recibos del agua tienen una garantía de cobro de entre el 99% y el 97%.

 

Como las empresas públicas del agua obtienen más de la mitad de sus ingresos de “fuentes de mercado”, es decir, de los usuarios, no computan como entidades públicas a la hora de establecer el déficit, por lo que no añadirían números rojos a las cuentas municipales ni autonómicas.

 

Esta afirmación está avalada por un informe de Cuatrecasas. El abogado Gonçalves Pereira asegura que la deuda que suscribirían los operadores públicos no sería atribuida a la Administración y que incluso favorecería su situación contable.

 

Entre todas las obras previstas, las sociedades públicas y las Diputaciones Provinciales podrían comprometerse a ejecutar la mayor parte de las infraestructuras necesarias en los municipios de Córdoba, Málaga, Sevilla, Huelva y Jaén.

 

Además, las obras financiadas por el canon son insuficientes. En octubre de 2010, el Consejo de Gobierno acordó declarar de interés de la comunidad autónoma las 300 obras de saneamiento y depuración necesarias para cumplir el mandato de la Directiva Marco de Agua de la Unión Europea, que obliga a los estados miembros a alcanzar el total de tratamiento de las aguas residuales en el horizonte de 2015.

 

Los operadores públicos creemos que hubiera sido necesario no sólo una “orden del Consejo de Gobierno” sino, como se hizo en los años noventa, un verdadero Plan Andaluz de Depuración, que tuviera una programación adecuada, una evaluación de las obras, que defina prioridades y contemple aspectos como la obsolescencia, la gestión e, incluso, el binomio agua y energía para hacer frente al cambio climático. De hecho, podemos decir que, fuera del canon, se han quedado importantes obras de depuración en municipios como Puente Genil (Córdoba).

 

Desde AEOPAS creemos imprescindible que este se habilitara una partida económica de 50.000 euros para hacer un diagnostico real de la situación y modernización de la depuración en Andalucía. Las EDAR’s convencionales carecen de tratamientos terciarios que permitan reutilizar parte de las aguas depuradas y reutilizarlas para otros usos como baldeos de calles y riegos de parques y jardines. El aprovechamiento de la energía renovable que supone el biogás y la posibilidad de instalación de placas solares son otra de las líneas potentes de modernización energética y ecológica de las EDAR’s.

 

La depuradora de Cádiz-San Fernando es un ejemplo claro de lo anteriormente dicho y existe un proyecto de modernización que sería un atentico “piloto” que permitiría un ahorro significativo de agua en un contexto de sequía y de energía en un contexto de crisis energética (gracias a la instalación fotovoltaica y la cogeneración con el gas metano). Dicho proyecto, de gran impacto en la Bahía, tendría un coste de unos 15 millones de euros en un proceso de ejecución de 3 años. Por lo que desde Aeopas solicitamos que se declare tal obra de urgencia y se habilite para este año un presupuesto de un millón de euros. 

 

En cuanto a la supresión temporal del canon debemos de remarcar que, de ningún modo, debe limitar la capacidad inversora en las infraestructuras relacionadas con la gestión del agua. Cumplir con la ejecución y conservación de las infraestructuras hídricas es fundamental, ya que los retrasos acumulados durante años en las obras de depuración y saneamiento han acarreado sanciones por incumplimiento de las directivas europeas. Además, en un contexto en alerta por sequía, es fundamental mantener en perfecto estado estas infraestructuras; de nada sirve un ahorro en el consumo si tenemos averías en la red, con pérdidas que no se detectan hasta que se ve el incremento en la factura.