El Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local del Gobierno de Navarra ha celebrado en el mes de mayo la jornada de cierre del proceso de participación pública del plan director del ciclo integral de agua de uso urbano 2019-2030, el mayor instrumento en la lucha contra el cambio climático en materia hídrica.

 

Durante el proceso, iniciado el 23 de enero, se han recibido 741 aportaciones: 556 durante las reuniones, a través de propuestas a mano alzada y en los grupos de trabajo, y otras 185 por internet, de las cuales 140 han llegado a través de la web de Gobierno Abierto y las 45 restantes por correo electrónico.

 

A través de Gobierno Abierto se han recibido aportaciones procedentes de Marcilla, Gallués-Concejo Iciz, Lumbier, Romanzado, Ibargoiti, Lekunberri, Garde, Atetz, Salvemos el Ega-Ega Bizirik,  Arguedas, Azkarate, Garralda, Güesa-Gorza, Urbizi-Red en defensa de los ríos, mancomunidades de Valdizarbe, Moncayo, Mairaga, Montejurra, Sakana y Comarca de Pamplona, así como cinco aportaciones anónimas. Por correo electrónico han enviado mensajes Ekologistak Martxan, los ayuntamientos de Cortes, Ergoiena y Etxarri-Aranatz, las empresas públicas GAN y SODENA, y la empresa Congelados de Navarra. Todos los mensajes se estudian y se reflejarán, bien porque se incorporan o porque se explican las razones de su descarte, en el documento final.
 
Este proceso ha servido para exponer la versión inicial del plan en siete reuniones deliberativas, con sus correspondientes reuniones de retorno, basadas en las siete zonas que la delimitación actual de abastecimiento contempla en Navarra: Baztan-Bidasoa, Sakana, Pirineo, Mairaga, Ribera, Montejurra, Comarca de Pamplona y Valdizarbe.

 

Además, se han organizado en Pamplona tres reuniones temáticas (gobernanza y fiscalidad; infraestructuras; gestión sostenible), una de inicio y ésta última de clausura, lo que hace un total de 19 reuniones distribuidas entre enero y mayo.  Por asistentes, las sesiones zonales han congregado a 306 personas (235 hombres y 71 mujeres), mientras que en las temáticas han participado 88 (66 hombres y 22 mujeres).
 
En cuanto al contenido del proceso, se han subrayado las principales aportaciones recibidas, centradas en la reclamación de “objetivos de agua no registrada más realistas” y de la “inclusión de otra forma de medir este tipo de consumos, basada en los kilómetros de tubería”.

 

El agua no registrada  ha sido el tema estrella de los debates porque supera en toda Navarra el 60% del consumo total, excepto en la Comarca de Pamplona, en la que es inferior al 15%.

 

Esto se debe a que existen muchas dotaciones que no disponen de contadores (dotaciones como polideportivos y piscinas municipales, parques y jardines, edificios de uso público…) y a la cantidad de fugas que se producen en redes, sobre todo en aquellas que llevan muchos años sin renovarse y/o son muy extensas (al contrario de lo que sucede en la Comarca de Pamplona, donde las redes son muy concentradas y es más fácil registrar las fugas y repararlas). La conveniencia de reflejar el agua que se pierde por kilómetro de tubería, en lugar del concepto total de agua perdida, ofrecerá datos más precisos y por eso ha sido demandada en varias ocasiones por diferentes agentes durante el proceso. 
 
Además, se han identificado los principales obstáculos a la hora de llevar a cabo el plan, entre los que destacan la falta de medios y recursos en las entidades locales distribuidoras de agua, que en la actualidad ascienden a 254 en toda Navarra, muchas de las cuales corresponden a concejos o zonas de tamaño muy reducido que se ven “desbordadas” por los hitos marcados. Ante esta situación, el Gobierno ha anunciado que revisará los objetivos marcados y adecuará los tiempos de cumplimiento a las posibilidades y especificidades de cada caso concreto. 
 
Infraestructuras zonales

Cada área geográfica tiene en este momento sus propias fuentes de abastecimiento y modelo gestión. En la zona de Urdalur y Noroeste, es generalizada la opinión de mantener los manantiales existentes y que no tienen exceso de turbidez, aunque se debatirá el uso del manantial de Iribas. En el Pirineo, área del Irati y Alto Aragón, se han contemplado los siguientes casos: Arratoz, Isaba-Roncal, Lumbier y Sangüesa. En el primero se establece que la mejor solución es conectar Arratoz desde Gallués; en Isaba, la localidad está a favor de mantener el convenio vigente y Garde desea abastecerse desde sus propios manantiales; en Lumbier, la ciudadanía pide que se mantenga el recurso de captación en Arbaiún, y Romanzado ha solicitado un estudio de alternativas. Finalmente, Sangüesa se muestra a favor de conectarse a Cáseda, mientras no suponga un coste extra. 
 
En Mairaga y área de Bajos Arga y Aragón, la mancomunidad de Mairaga ha solicitado estudiar la alternativa de abastecimiento desde el Canal de Navarra teniendo Olóriz como recurso en el plan de contingencia. Por otra parte, en la Ribera se ha pedido mantener las fuentes actuales, incluyendo las actuales concesiones de la Mancomunidad de Moncayo y de Itoiz, con apoyo de Yesa. En Montejurra, los pozos que se nutren de agua de la sierra de Lokiz, que son los de Ancín y Mendaza, se cerrarán en el primer caso y se limitará la extracción a 6 hm3/año en la segunda localidad, ya que el estudio encargado al respecto ha demostrado que la extracción de Ancín puede llegar a afectar al nivel freático con una disminución de diez metros, mientras que en el caso de Mendaza no alcanza el nivel de un metro. 
 
Gobernanza y gestión sostenible
 
En el apartado de gobernanza y gestión sostenible, el proceso de participación ha puesto de manifiesto una falta de consenso, ya que algunas entidades son partidarias de un modelo supramunicipal que cuente con un ente de coordinación, mientras que otras quieren seguir manteniendo sus competencias actuales. En cualquier caso, la reforma del mapa local, actualmente en trámite, será fundamental para establecer las delimitaciones de las comarcas, así como sus competencias. 
 
En cuanto a las tarifas y coste del servicio, existe un acuerdo general para recuperar todos los costes, tal y como establece la Directiva Marco del Agua, de obligado cumplimiento por parte de los países miembros de la Unión Europea, y uno de los principales retos a los que ha de dar respuesta este plan director. Si bien el modelo de gestión en el cobro y establecimiento de la tarifa se encuentra con una disparidad de puntos de vista similar a la que existe en el modelo de gobernanza, de manera que hay entidades partidarias de una tarifa única para toda Navarra y otras, de tarifas individualizadas para cada zona. El plan prevé encargar un estudio de costes y alternativas en este sentido. En la actualidad ningún sistema de gestión en Navarra recupera lo que gasta, ya que hay partidas, como la amortización de las infraestructuras, que no se contemplan en las cuentas y otras, como los costes medioambientales, que ni tan siquiera se tienen en cuenta.  
 
Próximos pasos

 
Tras la jornada de cierre, el Departamento presenta en junio el documento firme de la versión inicial del plan junto con el estudio ambiental estratégico, con el objetivo de que sea sometido a información pública, lo que implica 45 días hábiles para que cualquier colectivo, institución o ciudadana/ciudadano pueda presentar alegaciones. Transcurrido este período y tras la declaración ambiental estratégica, en el segundo semestre del año se presentará el documento definitivo para su aprobación y remisión al Parlamento.
 
Recordamos que el plan prevé un horizonte temporal de implantación de dos sexenios, que comenzarán en 2019 y terminarán en 2030.

 

Cada sexenio tiene sus propios hitos, que serán revisados en función de las posibilidades de cada entidad local y de los recursos que el Gobierno de Navarra pueda poner a disposición de las localidades, ya que el plan es un documento vivo, que evolucionará y será revisado periódicamente, aparejado a las demandas y necesidades que se vayan detectando.

 

Esta matización resulta significativa dadas las demandas efectuadas en todas las zonas pidiendo la ampliación del tiempo de cumplimiento de objetivos, principalmente los de agua no registrada, que establecen que en 2024 las redes deben tener una eficiencia del 75%, mientras que ahora la mayoría está en torno al 30%-40%.