El Gobierno, por medio de la Agencia Balear del Agua y la Calidad Ambiental (Abaqua), gestiona 79 depuradoras, 187 estaciones de bombeo de aguas residuales, 420 km de colectores y 110 km de emisarios marítimos y terrestres, que permiten el tratamiento de unos 46 hm³ de aguas residuales. 
 
A principios de legislatura, tal y como ha recordado la directora general de Recursos Hídricos, Joana Garau, "detectamos problemas de obsolescencia de estas instalaciones relacionadas con la falta de reposición y mejora de equipamientos, además del infradimensionament". 

 

Muchas de estas infraestructuras se planificaron en los años noventa y ahora han quedado pequeñas para la población a la que deben dar servicio. Por ello la Consejería de Medio Ambiente, Agricultura y Pesca trabaja en nuevas depuradoras y también en la remodelación de plantas; ha puesto en marcha 58 actuaciones, con un presupuesto total de 999 millones de euros. En este marco, han salido a licitación los nuevos contratos para el servicio de tratamiento de aguas residuales a cargo de Abaqua, que han presentado hoy el director gerente, Antoni Garcias, y la directora general de Recursos Hídricos. 
 
La contratación actual prevé el mantenimiento estricto de las instalaciones: personal, consumo energético, reactivos y reparaciones y sustituciones de equipamiento por avería. En ningún caso se prevé la reposición de equipos ni el mantenimiento preventivo: "si no se rompe una pieza no se sustituye, aunque se sepa que se romperá", aclaró Garcias. 
 
De hecho, gran parte de las reposiciones se consideraban inversiones y se contabilizaban así en el canon de saneamiento. Esto ya no ocurre, sin embargo, según Garau, "demuestra que la política de mantenimiento de las depuradoras que se aplicaba priorizaba el criterio estrictamente economicista de la gestión". Así, en el contrato vigente se prevé una inversión de 31 millones de euros en cuatro años, lo que implica una inversión anual en mantenimiento y gestión de depuradoras de 7,75 millones de euros anuales. 
 

 

El nuevo contrato de gestión del servicio prevé una inversión de 83,8 millones de euros en seis años, es decir, una inversión anual casi el doble de la anterior, de 14 millones de euros anuales. Estas son las nuevas condiciones que deberán asumir las empresas licitadoras, que pueden presentar ofertas hasta el 22 de junio. Se prevé que el nuevo servicio pueda empezar en noviembre. 
 

 

Las novedades más importantes están relacionadas con la reposición de equipos, la inclusión de cláusulas sociales, la eficiencia energética y el control de procesos. Con relación al contrato vigente, se prevé una reposición de equipamientos de hasta 18,4 millones de euros, y en la planificación de reposiciones se valorará la renovación al comienzo del servicio. 
 
También se prevé el mantenimiento preventivo, que, junto con la reposición, "permitirá una mejor eficiencia de las instalaciones, y, por tanto, una mejora en la calidad de los efluentes y del medio ambiente en general", subrayó Garau. 
 
Se valorará la inclusión de mejoras en las retribuciones económicas para los trabajadores, en línea con el fomento de la inclusión de cláusulas sociales en la contratación de este Gobierno, y de un estudio de eficiencia energética. De hecho, se fomenta el ahorro con medidas económicas compensatorias y punitivas, en caso de despilfarro. Se estima que de esta manera se pueden lograr ahorros de hasta el 10% del consumo total de energía eléctrica. 
 
Se prevé que el gestor se encargue de los planes de vigilancia que se prevén en las autorizaciones de vertidos de tierra a mar. De este modo, según Garau, se asegura el control del funcionamiento de las depuradoras y se maximiza la eficiencia del proceso. 
 

Posibles sanciones

 

El contrato prevé un régimen sancionador por incumplimiento de los términos muy detallado; por ejemplo, el incumplimiento de los parámetros de depuración de acuerdo con la legislación vigente puede implicar la deducción del 2,5% de la facturación anual o del 4% de la facturación mensual. 
 
En definitiva, con este contrato "comienza una nueva forma de gestionar el sistema de depuración actual; pasaremos de un contrato de mantenimiento a un contrato de servicio de tratamiento de aguas residuales y conservación de las instalaciones que permitirá mejoras en la calidad del efluentes y un ahorro energético, que redundarán en mejoras ambientales a corto, medio y largo plazo ", concluyó la directora general de Recursos Hídricos.