Los servicios de abastecimiento de agua urbana han sufrido una importante evolución en los últimos años, acorde con el incremento del bienestar social en el ámbito urbano. Para ello, ha sido necesaria una fuerte profesionalización de las actividades, tanto técnicas como comerciales y de atención al cliente, así como en la propia gestión de las organizaciones encargadas de satisfacer estos servicios públicos, tanto en sus aspectos económicos como en los de organización. Simultáneamente, el crecimiento demográfico de las áreas urbanas, las alteraciones del medio natural provocadas por la mayor presión antrópica y las iniciales repercusiones de los efectos achacables al cambio climático, en la medida en que el conocimiento científico así lo determina, está comprometiendo los recursos naturales de aguas de calidad, tanto cuantitativa como cualitativamente, para su empleo en los abastecimientos urbanos, requiriendo una mayor capacidad técnica para producir el agua apta para el consumo humano y mayores esfuerzos en su captación y manejo. Por otra parte, los desarrollos urbanos y la acelerada dinámica territorial requieren una continua adaptación de las infraestructuras de distribución del recurso, así como una mayor dependencia energética y tecnológica. 

 

Las estructuras legislativas vigentes (de carácter mas generalista) que a la fecha presente ya disponen de un buen bagaje de aplicabilidad, como la Directiva Marco del Agua (2000) y la actual legislación española (Ley de Aguas 2001 y desarrollo reglamentario) establecen que el abastecimiento de agua para el consumo humano se efectuará de acuerdo con criterios generales de uso racional, conservación y mejora del medio ambiente, sostenibilidad, y recuperación de costes del servicio, priorizando el abastecimiento doméstico y los servicios sociales básicos (sanidad, salubridad, higiene) sobre otros usos. 

 

La estrategia social comúnmente empleada por ser la más práctica y experimentada como más eficiente, establece que la contraprestación económica por el servicio debe ser sufragada por los clientes del servicio. Recomendándose, por ser consideradas como buenas prácticas, que se empleen tarifas proporcionales a los volúmenes de agua abastecida (por ejemplo, han mostrado su utilidad las de tipo binómico con cuota fija por disponibilidad del servicio y variable por caudal de agua abastecida), y progresivas, tratando de animar al empleo racional y sostenible del agua (por ejemplo, utilizando una buena práctica como la implantación de sistemas de precios más altos cuanto mas consumo se produzca, siendo aconsejable el mecanismo de bloques de consumo). 

 

Los servicios de abastecimiento de aguas son responsabilidad municipal y, dado el importante número de Entidades Locales con distintos tamaños y capacidades, y la diversidad de los volúmenes y características de las aguas abastecidas por razón de sus diferentes ubicaciones geográficas, esto produce múltiples orientaciones en la forma de desarrollar su gestión, así como condiciones diferenciadas en los objetivos y niveles de calidad en cuanto a la prestación del servicio se refiere.