El viernes (15-07-2016) el diario HOY de Extremadura publicaba la noticia “El Ayuntamiento (de Almedralejo) sube más de un 11 por ciento la tasa de agua, alcantarillado y depuración” finalmente aprobada en el pleno ordinario del 25 de julio de 2016.

 

Esta subida aunque inoportuna y según el ayuntamiento del todo legal, lo que no pongo en duda, no es menos cierto que llueve sobre mojado en 2012, ya se practicó una subida del 16,7 %, lo que nos lleva a un incremento acumulado del 38 % en menos de 5 años del precio del agua. Como siempre estas subidas son cada cuatro años y casualmente después de elecciones.

 

La subida de 2012 (16,7%) el Ayuntamiento esgrime como justificación que se debía al desequilibrio económico-financiero de la concesión, este principio del mantenimiento del equilibrio económico-financiero es un principio básico del negocio concesional, y cuando se produce un desequilibrio la administración debe compensar al concesionario, no sabemos que pasaría si el concesionario obtiene beneficios superiores a los esperados, bueno este caso es altamente improbable. Ahora bien porque se produce este desequilibrio, en este caso, baste recordar que el servicio del agua se privatizó en 2006 por cuya venta (y digo venta) el Ayuntamiento percibió 20 millones de euros (20.000.000 €), en concepto de canon anticipado por la explotación del sistema durante 20 años, la oferta más elevada de las seis que se presentaron al concurso que oscilaban entre los 6 y estos 20 millones de euros, más un canon variable del 1.50 % de la facturación, cabe preguntarse ¿cómo se paga esto?, lo adelantado, mas el variable, pues no hay otra forma que con “el recibo del agua”. La amortización de este préstamo, intereses incluidos, figuran en el detalle de los costes del servicio, que religiosamente pagamos los ciudadanos, incrementando el desequilibrio que la única de corregir es con subidas de tarifa.

 

Si en 2012 la subida sirvió para corregir el desequilibrio de la concesión, ahora parece que este desequilibrio no existe, pero tras un año de negociación con la concesionaria se acuerda esta nueva subida del 11 % por la que el ayuntamiento percibirá de la concesionaria 1,5 millones de euros (1.500.000. €), esto no es mas que otro canon adelantado que tendrán que pagar los almendralejenses.

 

Un dinero que según se informa en la misma noticia [HOY 15/07/2016], no se va a dedicar a mejorar las instalaciones de abastecimiento, que tanto necesita este municipio ni las de alcantarillado y/o depuración recientemente realizadas por el Estado. Sino que va destinado a "caja única" para disminuir pólizas de crédito, es decir sanear las cuentas municipales.

 

Se puede decir que “de aquellos polvos estos lodos”, desde finales de los 90 y el principio de los años 2000 se desató en la región una fiebre privatizadora de servicios municipales de aguas, con cánones de explotación cada vez más elevados, que tuvo su cenit en 2011 con la "venta del agua de Cáceres" por 38 millones de euros. Cánones diseñados para satisfacer las necesidades de tesorería de los Ayuntamientos, cuya inclusión dentro de la tarifa resulta insostenible, obligando a subidas del 40 o del 50 %, que se aplican al comienzo de cada periodo concesional, que lo habitual es que sean de 20 o 25 años.

 

El Ayuntamiento de Almendralejo, no ha hecho nada raro, solo sumarse a la tendencia generalizada de los ayuntamientos de la región de recurrir a la tarifa del agua para sanear sus cuentas.

 

La última administración en sumarse a esta carrera, fue la Junta de Extremadura en 2012 implantando el canon autonómico de saneamiento. Única disposición de rango legal dictada por la Junta de Extremadura en relación con la gestión del agua, en su más de 33 años de existencia. Y que según los casos supuso unos incrementos adicionales de la tarifa de más del 25 %, aunque posteriormente se rebajado algo.

 

A noticas como estas habrá que acostumbrarse, muchos ayuntamientos con contratos concesionales en vigor, al igual que el de Almendralejo tendrán que recurrir a subidas de tarifa similares.

 

Otra justificación a la que habrá que acostumbrarse en cada subida de tarifa es la necesidad de la depuración de las aguas residuales en aplicación de unas u otras normas europeas y en particular con el principio de “el que el contamina paga”. Principio incluido efectivamente en la normativa europea en leyes pretendidamente medioambientales, del que más que uso se hace abuso.

 

Con esta concepción mercantil del agua los ayuntamientos confunden la gestión pública del agua en régimen de monopolio -sin competencia entre posibles gestores- con la universalidad que debe perseguir la prestación de un servicio público, de tal forma que aquí el que paga, paga lo que contamina y lo que no, y el agua además de servir para beber y lavarse, sirve para lavar las cuentas públicas.

 

Carlos López Núñez