En lenguaje bélico una guerra se gana en función de las victorias en las batallas, aunque sea una terminología que no es de mi agrado, pero es la empleada en el artículo publicado en el diario Hoy (del 11/02/2017) "Guerra del agua entre los alcaldes y la Confederación" refiriéndose al conflicto que mantienen 29 pueblos de la zona de Trujillo y del Tamuja con la Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT). Sea guerra o batalla los municipios afectados la tienen perdida de antemano, pero no deben dejar de luchar, aunque las posibilidades de éxito se me antojan escasas.

 

En el citado artículo se dice que hay mucha confusión alrededor de este conflicto, trataré de comentar, al menos porque se ha llegado hasta aquí. Estas obras proceden el Plan Hidrológico Nacional (PHN) de 2001, bajo el epígrafe de “Nueva mancomunidad de aguas presa de Santa Lucía: Trujillo, Madroñera, Ibahernando" y otros, donde figuraba con otras insignes obras, como el eterno Abastecimiento de Agua a Cáceres. Declaradas de Interés General, su ejecución y financiación corresponde al Estado.

 

A partir de este momento el Estado decide, como me referí en el artículo "Portaje ¿y ahora qué?" (Hoy 24/07/2015), la Junta no tiene ni voz ni voto sobre las obras, lo normal es que se realicen a través de las Confederaciones Hidrográficas, pero en este caso no ha sido así, sino que se encomendó su ejecución a la empresa pública Aguas del Tajo actualmente integrada en ACUAES. El que se realice directamente o mediante encomienda no es un tema baladí ya que la repercusión de los costes pasan a formar parte de un plan económico financiero de amortización de la inversión siempre con el reembolso de la totalidad de la obra, excepto los fondos europeos.

 

La relación que se establece es desigual casi de vasallaje entre el Ministerio de Medio Ambiente y estos pequeños ayuntamientos, por una lógica de jerarquía institucional apenas se los tiene en cuenta, menos para el pago de la obra 37,5 millones de euros, que entonces sí. Las obras se proyectan y diseñan bajo criterios de Madrid, las más de las veces, alejados de las necesidades reales de los municipios, que en nuestro caso parece que se ha sembrado la zona de tuberías, pero sin mejorar el embalse de Santa Lucía lo que coincide como se comenta en el mismo artículo (se ha comenzado la casa por el tejado), con lo que cuando vengan años de sequía estaremos sensiblemente igual pero con más tuberías y una deuda de 37,5 millones de euros, hay que añadir que pueblos como Ruanes, Botija Plasenzuela, y el resto de la Mdad. del Tamuja tienen que sumar esta deuda a lo que están pagando de la elevación desde Orellana.

 

 

Este no es el único conflicto le seguirán los flecos de Campo Arañuelo otra obra de más de 30 M€, parcialmente en desuso, conducción Tamuja-Ayuela, sin uso, elevación Valdeobispo-Alagon, sin uso, Abastecimiento a las Hurdes tras el incendio de 2010, sin uso, abastecimiento a la Vera, sin ejecutar y la estrella de todas, el abastecimiento a Cáceres tras gastar más de 60 M€ aplazado “sine die”. Esta situación exige no una reunión sino una negociación Junta Ministerio de Medio Ambiente que libere a los pequeños municipios cacereños de la asfixia económica, en la que les han sumido las actuaciones impuestas desde la CHT además de una reflexión sobre la necesidad y utilidad de estas inversiones. 

 

Estos casos se dan, entre otras causas, porque este campo es de los pocos donde las competencias pasan directamente del Estado a los Ayuntamientos, y por sorprendente que parezca en un Estado denominado autonómico, la Junta de Extremadura apenas tiene competencias significativas sobre el agua. Que casi todas las Comunidades Autónomas han ampliado promulgando leyes autonómicas de aguas, creando órganos de gestión y planificación de Infraestructuras hidráulicas a las que se tendrían que ajustar estas obras. Aquí estamos como hace 33 años, entre otras cosas por la falta de interés y la pasividad endémica mostrada por sucesivos gobiernos regionales, en lo que respecta a la Gestión del agua, quizás porque es un sector complejo y a veces desconocido, las inversiones pendientes en Cáceres se trasladaron al PHN y su gestión al Estado.

 

La dejadez autonómica a partir del PHN, la falta de planificación y el no reivindicar la transferencia de las inversiones del Plan, ha tenido como consecuencias, que Cáceres tenga cientos de Km. de tuberías que no llevan agua a ninguna parte, el endeudamiento de estos pequeños ayuntamientos, y la práctica desaparición de un sector empresarial otrora puntero de proyectos y obras hidráulicas, muerto por inanición antes de la crisis de 2008.

 

Actuaciones como estas grandes obras, diseñadas para grandes empresas propiedad de fondos de inversión, han malgastado los fondos europeos destinados a Extremadura y aquí es más importante, como se invierte que lo que se invierte, vamos a converger, pero con África, y los vecinos de estos 29 pueblos, a pagar.