La caja de Pandora del agua: Tarifas, cánones, quién y cómo se paga el agua en España

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24/02/2025

La caja de Pandora del agua: Tarifas, cánones, quién y cómo se paga el agua en España

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Manuel Jesús González

Civil & Rural Engineer

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"Bajo mi punto de vista la actualización de la Guía de Tarifas es un paso en la dirección correcta, pero queda mucho por hacer para lograr un modelo tarifario que realmente responda a las necesidades del siglo XXI"

El pasado 19 de febrero tuve la suerte de participar en una de las jornadas de los "Debates del Agua", organizada por la Catedra Hidralia de la Universidad de Granada, donde me gustaría destacar los siguientes puntos...

Introducción y problemas

El tema de las tarifas en el agua es un tema recurrente que llevo escuchando años, por no decir décadas, que está mal elaborado, es obsoleto, y genera un problema grave a operadores y ayuntamientos. En muchos de mis artículos, cuando hablo de cambios normativos, que normalmente vienen a dar una vuelta de tuerca a la exigencia técnica en materia de agua, suelen tener muchos comentarios de "y esto quien lo paga y como se paga".

Es para todos bien sabidos, que el agua en España, o mejor dicho, los servicios del ciclo integral del agua en España, son por norma general y salvo casos puntuales, muy baratos. En España, aproximadamente estamos en 2 euros el m³, del ciclo integral, donde aproximadamente 55% corresponde al saneamiento y depuración y el 45% al abastecimiento y potabilización, aunque lógicamente estos valores cambian dependiendo de si hay o no desalación, orografía de la ciudad, etc.

https://www.eureau.org

Pero creo que podemos estar de acuerdo en que el precio por todo el servicio del ciclo integral es barato, si lo comparamos con el resto de nuestros vecinos europeos.

¿Sabemos cómo se paga el agua?, ¿qué es un canon, qué es una tarifa, objetivos?

Según la RAE una tarifa es “Precio fijado para una mercancía o un servicio, frec. con carácter oficial.” Una tarifa es el precio que los usuarios pagan por el uso del servicio del agua, generalmente establecido por las entidades públicas, privadas o mixtas (como ayuntamientos o empresas gestoras), dependiendo del tipo de contrato, por ejemplo en régimen concesional. El pago de este servicio se diseña, o al menos se intenta, para cubrir los costes asociados a la prestación del servicio del ciclo integral del agua y busca garantizar su sostenibilidad financiera. O lo que, dicho en otras palabras, se trata del principio de recuperación de costes (Directiva Marco del Agua (DMA) 2000/60/CE, específicamente en el artículo 9).

Aunque sabemos bien, que este principio no se cumple, que la tarifa del agua se usa para pagar otras cosas más allá que el servicio del agua, y aquí comienza la distorsión de este método de pago por un servicio. En 2022, el precio medio del agua para uso doméstico en España es de 1,97 €/m3 (sin IVA), distribuido en 1,09 €/m3 para el servicio de abastecimiento y 0,88 €/m3 para el servicio de saneamiento1. Sin embargo, según datos más recientes del INE, el coste unitario medio del agua en España se sitúa en 1,92 €/m3 (Datos según el INE).

Pasamos al canon del agua. Un canon es un importe adicional que se cobra a los usuarios, generalmente con un propósito específico o "finalista", y no siempre está directamente ligado al consumo de agua. Se diferencia de la tarifa en que suele destinarse a financiar proyectos concretos (como mejoras en infraestructuras, resiliencia hídrica o descarbonización) más que a los costes operativos diarios del servicio. Este tipo de pago adicional, los tenemos nacionales, autonómicos, locales, para todos los gustos. Aquí os dejo alguno de ellos.

Tarifas y cánones relacionados con la gestión del agua en las distintas comunidades autónomas de España

Ejemplos de cánones locales también hay muchos, con importe muy variable, por ejemplo en EMASAGRA, empresa de capital público privado, tiene dos, el "Canon de resiliencia" (25 c€/m³) y "Canon de descarbonización" (5 c€/m³) destinados a sustitución de conducciones y autosuficiencia energética. Es decir, el enfoque del Canon es el financiar inversiones concretas, como la renovación de redes o proyectos de adaptación al cambio climático, etc.

¿Cómo se paga la amortización de las infraestructuras?. El principio de economía de escala y el principio de solidaridad

Un aspecto fundamental en la fijación de tarifas es la necesidad de considerar la inversión en infraestructuras. Las infraestructuras hídricas son costosas y requieren mantenimiento constante, por lo que no contemplarlas en la estructura tarifaria puede comprometer la sostenibilidad del servicio a largo plazo.

La amortización en el contexto del ciclo integral del agua es un coste fijo que representa contablemente la depreciación o pérdida de valor que sufren las infraestructuras hidráulicas (como plantas potabilizadoras, depuradoras, redes de distribución, etc.) a lo largo de su vida útil. Lo ideal, o lo normal, debería ser que la amortización fuera en la tarifa, como parte de los costes fijos, porque es un elemento estructural del servicio del agua y esencial para su sostenibilidad a largo plazo. Aunque también puede ir en un canon cuando se trata de financiar inversiones específicas o extraordinarias (como resiliencia, descarbonización o renovación masiva de infraestructuras), separándolas de la tarifa base para mayor transparencia y flexibilidad.

En otras palabras, la amortización debería se tenida en cuenta como un coste fijo, dentro de todos los costes que deberían recuperarse en base al principio de recuperación de costes.

La actualización de la Guía de Tarifas enfatiza la importancia de incluir en los costes la amortización de infraestructuras, asegurando que los recursos económicos generados permitan su renovación y modernización.

Se insiste en que si no se repercuten estos costes en las tarifas, ¿cómo se financiarán las renovaciones de infraestructuras?. La valoración del inmovilizado debe contemplar tanto la inversión presente como los gastos financieros que afectan al coste del servicio.

Imagina que estamos hablando de cómo organizar y pagar el agua en sitios diferentes, y aquí entran en juego dos ideas importantes: el principio de economía de escala (cuantos más somos, más barato sale por persona) y el principio de solidaridad (que todos paguen algo justo, aunque vivan en sitios complicados). Sin poner nombres, imaginemos un pueblo de 1200 habitantes, situado a 12 km de un núcleo de población 20.000 habitantes. ¿Qué será más coherente?, ¿construir una pequeña depuradora, para el pequeño núcleo?, o ¿hacer un bombeo para llevarlo hasta la EDAR del núcleo mayor?, ¿puede ir por gravedad?, ¿y si uso una EDAR basada en soluciones basadas en la naturaleza, como un humedal?. Tendrían que pagar más por el servicio de aguas el núcleo pequeño que está más lejos, cuantos más somos, más barato es dar un servicio, pensad en las comunidades de vecinos con muchos vecinos, cuyas cuotas de comunidad son más bajas. Pero a nivel de un servicio esencial, como es el caso del agua, ¿no se debería pagar lo mismo, o aproximadamente lo mismo?. Pensemos en otro caso muy típico en España, ¿qué pasa cuando es una zona de costa, donde no hay agua de dulce, y hay que desalar, o un pequeño pueblo de la Sierra de Córdoba cuya agua accesible es de muy mala calidad y hay que dar un tratamiento intensivo?, deben pagar más por ello, por una instalación más cara, más tecnificada o que necesita más energía?.

Cómo vemos la respuesta no es tan sencilla. De hecho, en estos casos, como hablamos en la mesa de debate 2+2 no son 4. El problema radica en que, a pesar de la existencia de principios teóricos sobre cómo deben estructurarse las tarifas, en la práctica hay numerosos factores políticos, sociales y económicos que influyen en la toma de decisiones. Se busca que las tarifas sean justas y sostenibles, pero su implementación no siempre responde a criterios estrictamente técnicos. Además, el sector del agua está en constante evolución, adaptándose a nuevos desafíos ambientales y tecnológicos, lo que hace aún más necesario contar con una estructura tarifaria flexible y bien definida.

Conceptos desarrollados en la guía para la elaboración de tarifas

El marco legal es el punto de partida para entender cómo se diseñan las tarifas del agua en España. Según la Ley de Bases del Régimen Local de 1985, los municipios tienen la obligación de garantizar la prestación del servicio de ciclo urbano del agua a sus ciudadanos. Esto no significa que deban gestionarlo directamente, sino que pueden delegarlo en otras entidades. Sin embargo, la responsabilidad última recae en los ayuntamientos. En el caso de los municipios con menos de 20.000 habitantes, las diputaciones provinciales brindan apoyo para garantizar el servicio. No obstante, dado que España cuenta con más de 8.100 municipios, existe una gran dispersión en los diseños tarifarios, tanto en estructura como en precios. Esta diversidad se debe a que cada municipio aprueba su propia ordenanza municipal, lo que genera una falta de homogeneidad en el sistema.

Como nos explica la guía, uno de los principales problemas en España es la extraordinaria dispersión de diseños tarifarios, dado que cada municipio tiene la potestad de establecer su propia estructura de precios a través de ordenanzas municipales. Esta falta de homogeneización genera diferencias significativas en los costes para los ciudadanos, dependiendo de su lugar de residencia.

El diseño de tarifas debe guiarse por principios y objetivos claros. estos incluyen:

Recuperación de costes: Garantizar que los ingresos cubran los costes del servicio.
Asequibilidad: Asegurar que el precio no sea un obstáculo para el acceso al agua.
Eficiencia: Fomentar un uso responsable del recurso.
Equidad: Tratar de manera justa a todos los usuarios.
El precio como señal para el uso eficiente del recurso: Dado que el agua es un bien escaso, su tarificación debe incentivar un consumo responsable.

Principios y objetivos del diseño de tarifas

A nivel nacional, la Ley de Aguas añade que el precio debe ser asequible, reconociendo el acceso al agua como un derecho humano desde 2010.

Sin embargo, la legislación española es escasa en detalles sobre cómo deben estructurarse las tarifas.

En Andalucía, por ejemplo, existe un reglamento que data de 1991 (Decreto 120/1991, de 11 de junio, por el que se aprueba el Reglamento del Suministro Domiciliario de Agua) y que actualmente está en revisión.

La legislación española complementa estos principios con el reconocimiento del acceso al agua como un derecho humano, asegurando que el coste no sea una barrera para el consumo mínimo vital. Sin embargo, la normativa como he indicado antes es escasa y desactualizada, lo que ha llevado a que sean los propios operadores los que desarrollen esta guía.

En contraposición a esta falta de regulación, otros países han desarrollado organismos reguladores independientes, como OFWAT en Reino Unido, que supervisan y armonizan los sistemas tarifarios. Esta tendencia, presente también en Portugal e Italia, aún no se ha implantado en España, lo que dificulta la estandarización de tarifas y el control de la eficiencia en la gestión.

A la hora de establecer estas tarifas parece claro que se deben incluir las siguientes ideas claras o principios rectores:

Justicia y equidad: Garantizar que el precio del agua sea asequible y que no existan discriminaciones injustificadas entre usuarios.
Sostenibilidad financiera: Asegurar que la tarifa permita la recuperación de costes operativos y de inversión.
Transparencia: Facilitar la comprensión de la tarifa por parte del usuario, explicando de manera clara los conceptos facturados.
Progresividad: Establecer tarifas que penalicen el consumo excesivo y fomenten el ahorro del recurso.

Principios rectores de la elaboración de tarifas

Como se ha indicado anteriormente, uno de los principales desafíos es que estos principios pueden entrar en conflicto entre sí. Por ejemplo, una tarifa alta favorece la sostenibilidad financiera, pero puede afectar la equidad y la asequibilidad. O por el contrario una tarifa excesivamente baja da sensación de gratuidad y puede dar lugar a despilfarro del bien. En este sentido, los operadores deben encontrar un equilibrio entre estos factores.

Sobre la tarifa Binómica

Como he dicho antes, en España, no existe un único sistema tarifario, sino que se aplican diferentes esquemas según el tipo de servicio y la segmentación del mercado. A nivel general, se pueden distinguir las siguientes estructuras:

Tarifa binómica: Compuesta por una parte fija y una parte variable. Cuota fija: Cubre los costes fijos del servicio y Cuota variable: Depende del consumo, con precios crecientes por tramos.
Segmentación del mercado por usos: Se establecen tarifas diferenciadas para usos domésticos, comerciales, industriales y municipales.
Bonificaciones y ayudas: Se aplican descuentos para garantizar la asequibilidad del servicio, como tarifas reducidas para familias numerosas o consumidores con bajos ingresos.

En la práctica, la mayoría de los municipios españoles emplean un modelo de cuota fija más un coste variable en función del consumo. La parte variable suele estar estructurada en tramos de consumo, con precios crecientes a medida que se supera cierto umbral. No obstante, la cantidad de tramos varía según la localidad, oscilando generalmente entre tres y cinco tramos.

Os dejo por aquí dos enfoques de dos empresas de gestión diferentes, pero enfoque muy similar a la hora de conformar sus tarifas, y de cómo explican a sus usuarios el desglose de sus facturas EMASESA Metropolitana y Emasagra

Desglose de la factura en la empresa EMASESA

Enlace a cómo entender tu factura de EMASESA Metropolitana: https://www.emasesa.com/usuarios/tu-factura/entender-tu-factura

Desglose de la factura en la empresa EMASAGRA

Enlace a cómo entender tu factura de Emasagra https://www.youtube.com/watch?v=7a9zr2x9AXE

El modelo tradicional de tarifa binómica (fija y variable) ha sido ampliamente utilizado en España. Sin embargo, su aplicación no está exenta de desafíos, ya que no siempre existe una correlación clara entre los costes fijos y variables, lo que puede generar distorsiones en la estructura tarifaria. A pesar de estas dificultades, el modelo sigue siendo una referencia fundamental para la planificación económica del sector.

La tarifa del agua en España, como se ilustra en este diagrama, se compone de diversos elementos que reflejan la complejidad de gestionar un servicio esencial bajo el modelo binómico, compuesto por una cuota fija y una cuota variable. Los costes fijos (conservación, mantenimiento, lectura, etc.) y los costes variables (compra, tratamiento y energía) constituyen la base operativa, mientras que los costes de inmovilizado, cánones, insolvencias y retribución aseguran la sostenibilidad financiera y la recuperación de inversiones a largo plazo.

Elementos que conforman la tarifa del agua. Guía de Tarifas de los Servicios del Ciclo Urbano del Agua

Un problema recurrente en este modelo es que la estructura de costes de los operadores urbanos indica que entre el 60 y el 80% de sus gastos son fijos, pero la tarifa no siempre refleja esta realidad. En Andalucía, por ejemplo, la normativa limita la cuota fija a un máximo del 30% de los costes fijos, lo que puede comprometer la sostenibilidad económica del servicio, y claramente va en contra del principio de recuperación de costes, o incluso de incluir los costes de amortización de la infraestructura.

La siguiente tabla desglosa los distintos tipos de costes que conforman la tarifa del agua, clasificándolos en categorías como costes fijos, variables, amortización del inmovilizado, canon concesional e insolvencias, extraída de la propia guía. Esta tabla es a priori, imposible de hacerla entender al usuario medio del servicio del agua, pero es importante hacer esa labor pedagógica de intentar simplificarla sobre todo a la hora de trasladarla a la propia factura del agua. Sin embargo, a pesar de la complejidad contable, estarán de acuerdo conmigo que son costes necesarios para poder diseñar tarifas equitativas que reflejen el coste real del servicio.

Tipo de costes que conforman la tarifa del agua. Guía de Tarifas de los Servicios del Ciclo Urbano del Agua

Un aspecto clave en la actualización de la Guía es la necesidad de mejorar la trazabilidad de las tarifas, asegurando que los usuarios comprendan qué están pagando y por qué. La transparencia en la tarificación no solo favorece la aceptación social de los precios del agua, sino que también permite una mejor planificación de los recursos y una mayor eficiencia en la gestión financiera.

El análisis de estos costes permite optimizar la gestión del servicio de agua, asegurando tanto su viabilidad económica como el cumplimiento del principio de recuperación de costes establecido en la normativa europea. Además, la diferenciación entre costes fijos y variables facilita la implementación de modelos tarifarios justos y progresivos, que incentiven un uso eficiente del recurso sin comprometer el acceso al agua potable.

¿Qué hacemos con los pequeños municipios?

Uno de los desafíos más relevantes en la fijación de tarifas del agua en España es la gestión en pequeños municipios, donde la contabilidad patrimonial muchas veces no está bien estructurada y los sistemas de contabilidad presupuestaria no reflejan adecuadamente los costes reales del servicio. En este contexto, la Guía de Tarifas propone un modelo sencillo que facilite la implementación de estructuras tarifarias en estas localidades.

La fragmentación administrativa en España, con más de 8000 municipios, muchos de ellos de pequeño tamaño, hace que la gestión del agua sea particularmente compleja. En muchos de estos municipios, el agua sigue percibiéndose como un bien de acceso casi ilimitado, lo que dificulta la adopción de modelos tarifarios que reflejen el coste real del servicio. Implementar un modelo basado en el coste efectivo permitiría mejorar la sostenibilidad financiera y garantizar una distribución equitativa del recurso.

Otra cuestión relevante en la recuperación de costes en los municipios pequeños, donde la falta de contabilidad adecuada impide conocer el estado financiero real del servicio. En muchos casos, la tasa de recuperación de costes es inferior al 50%, lo que genera déficits ocultos en los presupuestos municipales.

Conclusiones

Está claro que esta "Caja de Pandora" de las tarifas es necesaria abrirla, hablar de ella y no ocultar este “caos” tarifario, que lleva estando encima de la mesa desde hace muchos años, y que nadie le pone "el cascabel al gato".

En la mesa de debate se hablaron de muchos posibles puntos de mejora para y reduciendo este caos tarifario, algunos son de fácil implementación como por ejemplo el aumento de la cuota fija para reflejar mejor los costes reales del servicio o la implementación de tarifas estacionales, ajustando los precios según la disponibilidad del recurso.

Sin embargo, otras soluciones son más etéreas, o simplemente requiere de llegar a acuerdos políticos que parecen ser una utopía. Aquí dejo algunas de las conclusiones que bajo mi punto de vista son las más importantes a destacar.

En primer lugar la importancia de la transparencia. La transparencia genera confianza en la gente, cuando la gente entiende qué paga y por qué lo paga, genera consciencia. La transparencia en la facturación del agua es clave para generar confianza en la ciudadanía. Cuando las personas comprenden qué están pagando y por qué, se fomenta una mayor conciencia sobre el valor del servicio y la necesidad de garantizar su sostenibilidad a largo plazo. Este entendimiento facilita la aceptación de un precio justo que permita mantener y mejorar la infraestructura del agua. En este sentido, es fundamental una labor pedagógica que acerque a la sociedad a la gestión del recurso, promoviendo visitas de institutos, universidades y asociaciones a las instalaciones. Explicar de primera mano los procesos de captación, tratamiento, distribución y depuración del agua no solo refuerza la transparencia, sino que también sensibiliza sobre la importancia de un uso responsable y eficiente.
En segundo lugar y en realización con lo anterior. No se puede usar la factura del agua para pagar otras cosas, basuras, u otras cosas. La factura del agua debe reflejar exclusivamente el coste real del servicio de abastecimiento y saneamiento, sin incluir otros conceptos ajenos que puedan distorsionar su finalidad. Sin embargo, en muchos casos, se incorporan en el recibo cargos adicionales como tasas de basura, municipales, autonómicas o nacionales, tarifas ambientales o incluso aportaciones a fondos municipales. Esto puede generar confusión en los usuarios y afectar la percepción del coste real del agua, dificultando la transparencia y la concienciación sobre su valor. Para garantizar una gestión eficiente y justa, es fundamental que estos servicios se facturen de manera diferenciada, permitiendo a los ciudadanos comprender con claridad qué están pagando y asegurando que los recursos destinados al agua se utilicen exclusivamente para su mantenimiento y mejora.
En tercer lugar la necesidad de una mayor estandarización. Una de las cuestiones que se trataron en relación con lo desarrollado en el artículo es la necesidad de homogeneizar las tarifas a nivel nacional o autonómico. Actualmente, existe una gran disparidad de costes entre municipios, lo que genera agravios comparativos entre ciudadanos que pagan tarifas muy distintas por el mismo servicio. Si bien centralizar la gestión del agua podría generar economías de escala y mayor transparencia, se señaló que cada territorio tiene necesidades y costes específicos, por lo que se debería buscar un modelo intermedio que permita cierta autonomía local, pero con criterios tarifarios estándar.
En cuarto lugar, la creación de un organismo regulador independiente. La creación de este organismo regulador independiente, es algo de lo que se lleva hablando mucho tiempo, y sin embargo se presenta como una solución esencial para estandarizar las tarifas del agua y garantizar una gestión eficiente y equitativa del servicio en todo el territorio nacional. Este organismo, que bajo mi punto de vista debería ser estatal, debería asumir funciones como la homogeneización de criterios tarifarios, el establecimiento de benchmarks, la defensa de los consumidores y la supervisión técnica, promoviendo el principio de recuperación de costes mientras se asegura la asequibilidad del consumo básico. Sin embargo, su implementación enfrenta desafíos, como la distorsión actual entre tarifas y tributos (tasas e impuestos autonómicos), y las limitaciones legales derivadas de normativas como la Ley de Contratos del Sector Público. Una legislación específica, como la propuesta en la Ley del Ciclo Urbano del Agua, sería necesaria para superar estas barreras, regulando de manera integral la gestión directa e indirecta, priorizando la competencia, la sostenibilidad y la supramunicipalidad, y diferenciando las concesiones y sociedades mixtas del agua frente a las normativas generales.
En quinto lugar, tasa de renovación de infraestructuras de agua en España es insuficiente, con una red envejecida que necesita urgentemente inversiones para mantenerse eficiente y sostenible. La nueva directiva obligará a renovar muchas depuradoras, especialmente las grandes, para cumplir con los nuevos requisitos, lo que supondrá un desembolso significativo.
En sexto lugar, la Progresividad y Digitalización. Se recomienda ajustar las tarifas al coste real del servicio, promoviendo una estructura progresiva que garantice la asequibilidad para el consumo básico, junto con tarifas estacionales que reflejen la variabilidad del uso y la disponibilidad del recurso. Asimismo, la digitalización permite una tarificación más precisa basada en el consumo por persona (m³/persona), facilitando la comprensión de las facturas y optimizando la eficiencia. Este asunto en grades ciudades parece algo que se va solventar, con la implantación del contador digital, sin embargo en pequeños municipios es algo más complicado de justificar su inversión. Sin embargo, en el mundo rural, donde existen altos índices de personas vulnerables, como mayores aislados o familias con bajos ingresos, la digitalización del agua—mediante telelectura de contadores—puede ser transformadora, como nos contó el profesor Ramón González Carvajal . Por ejemplo, monitorizar patrones de consumo podría identificar situaciones de riesgo (como consumos nulos que sugieran problemas de salud o aislamiento), proporcionando datos valiosos a servicios sociales para priorizar intervenciones, siempre que se respete la privacidad y se diseñen indicadores sintéticos adecuados.

La actualización de esta Guía de Tarifas del Agua representa un esfuerzo por mejorar la transparencia y la sostenibilidad financiera en la gestión del recurso. A través de la reflexión sobre la recuperación de costes, la trazabilidad de las tarifas y la importancia de la inversión en infraestructuras, el documento busca ofrecer un marco de referencia que ayude a operadores, administraciones y ciudadanos a comprender mejor el valor del agua.

Si bien la falta de una regulación nacional clara sigue siendo un desafío, la existencia de herramientas como esta Guía permite avanzar hacia un modelo de gestión más eficiente y equitativo. La clave para el futuro será encontrar el equilibrio entre sostenibilidad, accesibilidad y recuperación de costes, garantizando que el agua siga siendo un recurso accesible sin comprometer la viabilidad económica del sistema.

En estos últimos meses, el cambio de normativas en el sector del agua, como he estado contando, supondrá la necesidad de invertir claramente grandes sumas de dinero público en actualizar nuestro ciclo integral del agua, que inevitablemente pagaremos entre todos. Hablo por ejemplo de la nueva directiva de Tratamientos de aguas residuales Directiva (UE) 2024/3019 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de noviembre de 2024, sobre el tratamiento de las aguas residuales urbanas, hablo del nuevo reglamento de reutilización RD 1085/2024, hablo del Real Decreto 665/2023, de 18 de julio, por el que se modifica el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, hablo de la Directiva (UE) 2020/2184 del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de diciembre de 2020 relativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano (versión refundida). Os dejo por aquí una de las entradas del año pasado hablando sobre el tema de cómo puede afectar la directiva de aguas residuales al precio del agua, con un enfoque cuantitativo en la entrada. "El impacto económico de la Nueva Directiva de Tratamiento de Aguas Residuales en las Tarifas del Ciclo Integral del Agua en España."

Espero que os haya parecido interesante este análisis, que es un resumen de los temas tratados en la mesa de debate con la cátedra Hidralia a la que vuelvo a remitir mi agradecimiento. Sé que el tema de la tarificación del agua sigue siendo un tema de debate abierto, en el que intervienen múltiples factores y en el que cada decisión tiene implicaciones económicas, sociales y ambientales.

Bajo mi punto de vista la actualización de la Guía de Tarifas es un paso en la dirección correcta, pero queda mucho por hacer para lograr un modelo tarifario que realmente responda a las necesidades del siglo XXI.

Manuel Jesús González